Ministerio Público desmiente represión por parte del Gobierno

El Ministerio Público ha publicado en su página web una lista de “víctimas fallecidas” en el marco de las manifestaciones violentas convocadas por la MUD, con un total de 28 personas.

La lista comprende los nombres de las víctimas, edades, el día en que acontecieron sus respectivos fallecimientos y una breve descripción de cada una de las circunstancias en que murieron.

En su mayoría, salvo los electrocutados durante un saqueo a una panadería en El Valle (Caracas), recibieron disparos por armas de fuego en medio o alrededor de las manifestaciones. Sin embargo, lo que llama la atención es que en las descripciones de las causas de los fallecimientos no hay ninguna que indique que esos disparos vinieron de parte de los cuerpos de seguridad del Estado (militares o policiales), salvo algunos casos ya se han resuelto tanto desde la Fiscalía de la República como reportados y denunciados desde la Defensoría del Pueblo.

Los perpetrados por policías o militares fueron casos aislados (por acontecer en alrededores de las protestas y no en el seno de ellas) y ya los victimarios han sido debidamente procesados penalmente.

A contrapelo de lo que señalan a priori los medios corporativos, “independientes” y miembros de la SIP, de oposición todos y cartelizados bajo una misma matriz (“Gobierno represor” y “colectivos pagados por el Gobierno”), la lista de fallecidos por medio de las “protestas pacíficas” no señalan ninguna circunstancia de “desproporcionada represión” sino más bien de asesinatos selectivos o disparos a mansalva.

Revisión general de los casos

Se contabilizan, según la lista, 15 personas fallecidas por disparos de armas de fuego, ocho electrocutados por descarga eléctrica, uno por detonación de artefactos explosivos, dos impactados por objetos contundentes, y dos por lesiones en el marco de las protestas.

Los móviles de la mayoría de los crímenes no se hayan precisados en las descripciones que presenta el Ministerio Público, por hallarse aún en procesos de investigación criminalística y forense, sin embargo todos los fallecidos por impactos de bala por arma de fuego tienen un patrón común: los victimarios mayormente son individuos que dispararon a sus víctimas a mansalva o apuntando específicamente, en medio de situaciones de caos, disturbios y de poca visibilidad en el marco de las manifestaciones violentas.

Un caso paradigmático es el de Paola Andreína Ramírez Gómez (23 años), fallecida el pasado 19 de abril, quien fue impactada por una bala disparada desde la azotea de la casa del homicida, Iván Alexis Pernía Pérez, militante de Vente Venezuela (el partido de María Corina Machado) y procesado por las autoridades competentes.

Los medios de oposición, sin embargo, apenas ocurrido el asesinato de la joven inculpó sin escrúpulos a los “colectivos chavistas”. Así mismo lo harían con otras víctimas para hacer un desplazamiento de responsabilidades al sector criminalizado por parte de estos medios: el chavismo de a pie.º

El último fallecido, cuyo siniestro causó conmoción en la mediática local e internacional, en el marco de las manifestaciones convocadas por la MUD fue Juan Pablo Pernalete Llovera (20 años). Medios privados, periodistas de sucesos y políticos de oposición señalaron irresponsablemente que el joven había muerto por impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza, trasladando la culpa inmediatamente a los cuerpos de seguridad del Estado. Sin embargo, las experticias forenses demuestran que Pernalete murió a causa de un impacto por objeto contundente en el pectoral izquierdo, presuntamente una pistola de perno cautiva. Las investigaciones siguen en curso.

Desde Misión Verdad hemos analizado las inconsistencias que señalan los medios y políticos de oposición de este último y otros casos, identificados según la nomenclatura como fake news.

También habría que señalar el caso de Jesús Leonardo Sulbarán (41 años), quien recibió un disparo de arma de fuego en el cuello en una manifestación progubernamental en el viaducto Campo Elías, en Ciudad de Mérida (Mérida). Este asesinato provino de un tiro franco, y la persona estaba ligada a la Gobernación de ese estado, en poder del chavismo.

Lo mismo con Renzo Jesús Rodríguez Roda (54 años), quien recibió un disparo franco sin hallarse involucrado en la protesta, como tantos otros: el caso Jairo Ortiz (19 años), el primer fallecido en este contexto, es otro botón).

Por otro lado, Bryan Principal (14 años) fue asesinado por piquetes violentos que acechaban la ciudad socialista Alí Primera, construida por la Gran Misión Vivienda Venezuela en el estado Lara. El joven recibió un tiro franco por el hecho de vivir en una urbanización hecha por el Estado, y que fue asediada por manifestantes opositores con clara intención de violentar las infraestructuras (con la gente) del lugar.

Como se dijo en una nota anterior en esta tribuna, el objetivo de estos crímenes de odio es político, porque buscan atemorizar y desmovilizar la fuerza del chavismo que tiene su centro en los barrios y periferias pobres del país, precisamente donde estos referentes políticos han sido atacados.

De esta forma, y con una fuente que a la mediática opositora le gusta citar últimamente, se desmiente la matriz de que el Gobierno Bolivariano reprime las manifestaciones de la oposición a priori. Más bien habría que concluir, justo en el marco en que Venezuela se encuentra asediada por actores internacionales de gran poder, que son sus operadores locales (la dirigencia opositora) los principales beneficiados de los muertos que se generan en sus convocatorias.

Tomado de Misión Verdad

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